La promotora Residencial Finca Pons SL, titular de terrenos en este sector para la construcción de viviendas, hizo públicas acusaciones contra el Ayuntamiento. Entre estas, destacaba una "prolongada inactividad administrativa, el incumplimiento de los acuerdos plenarios adoptados y la omisión de las actuaciones indispensables para dar cumplimiento efectivo al desarrollo urbanístico del ámbito".
En respuesta, el Ayuntamiento de Altea ha defendido su actuación, basándose en una sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante, dictada en septiembre de 2025. Esta sentencia desestima el recurso interpuesto por la promotora contra la resolución municipal del 11 de noviembre de 2024, que denegaba la licencia urbanística para un complejo residencial de 20 viviendas.
La sentencia declara ajustada a derecho la actuación del consistorio y concluye que la mercantil no puede edificar hasta que no se complete la urbanización del sector y exista la programación urbanística exigible. El pleno resolvió el programa urbanístico en 2017 sin finalizar las obras, que se encuentran al 80%. Actualmente, se está tramitando un nuevo programa con la Agrupación de Interés Urbanística, que agrupa a la mayoría de los propietarios del terreno y en la que no figura la empresa demandante.
Las pretensiones sostenidas por dicha mercantil ya han sido examinadas en sede judicial y no han sido acogidas por los tribunales.
Desde el Ayuntamiento, añaden que la sentencia, a la que ha tenido acceso Plaza, establece que la mera existencia de instrumentos de planeamiento no es suficiente para otorgar un derecho inmediato a edificar, sino que es necesaria la finalización de la urbanización. También rechazan la propuesta de la promotora de continuar con un Programa de Actuación Aislada, afirmando que "sostiene una interpretación de los hechos y del sector que no coincide con la realidad jurídica declarada judicialmente".
El consistorio concluye que "Altea quiere inversión, quiere actividad y quiere futuro. Pero lo quiere con legalidad, con seguridad jurídica y con respeto a las reglas que garantizan un desarrollo urbanístico serio, estable y justo para todos".
