A pesar de la preocupación residente por la avalancha turística y la presencia de grúas, el gobierno local de Xàbia considera que todavía hay margen de crecimiento. En el pleno de este jueves, se aprobó una modificación del Plan General que autorizará cientos de nuevas viviendas turísticas. La propuesta, que pretende regular el negocio tras dos años de suspensión de licencias, contó con el voto favorable de Compromís, consolidando una alianza con el gobierno del PP.

El concejal socialista Josep Vicent Miralles advirtió que la cifra podría alcanzar las 500 nuevas viviendas, situando el techo total en 4.700. Por contra, el concejal de Urbanismo, Pere Sapena, redujo el número a 359, con un techo de 4.584. El PSOE se abstuvo, defendiendo una regulación pero rechazando la actual propuesta del bipartito, acusando al ejecutivo de 'arreglar negocios a cambio de destruir territorios y tensar la convivencia'.

Miralles criticó el aumento del 25% en las licencias de nueva construcción desde 2023, hablando de 'política de tierra quemada' y pidiendo parar el crecimiento para proteger el pueblo. El concejal de Urbanismo, Pere Sapena, defendió la vivienda turística como motor económico, señalando que el 80% de la población vive del turismo y que cada inquilino gasta unos 140 euros diarios, generando unos ingresos anuales de 47 millones de euros.

Sapena admitió un problema de 'turistificación' pero no de presión urbanística, afirmando que se construyen entre 200 y 230 viviendas anuales, una cifra que no considera 'un escándalo'. El concejal de Vivienda, Juanlu Cardona, recordó que antes de la suspensión había 6.000 viviendas turísticas y destacó que ayudan a las familias propietarias a obtener ingresos extras.

El PSOE replicó que la realidad es distinta, acusando al gobierno de apoyar a la empresa y la patronal sin abordar el problema de vivienda de los trabajadores. También discreparon sobre el impacto en el precio del alquiler, con el PSOE afirmando que los encarece, hecho que estaría confirmado en informes del propio ejecutivo.

Carme Català, de Compromís, justificó su voto afirmando que, a pesar del grave problema de turistificación, la medida contribuye a regular las viviendas de uso turístico (VUT).