La preocupación por la situación de los servicios de atención a las personas más vulnerables ha unido a entidades, familias y políticos de la Marina Alta. Se reclama una planificación a largo plazo para dar respuesta al crecimiento de las necesidades existentes en la comarca.

Aprosdeco, entidad que apoya a 94 personas con discapacidad de doce municipios, ha recordado las dificultades económicas debidas a los retrasos en los pagos de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. La deuda acumulada llegó a ser de 571.842 euros, y aún quedan pendientes de cobro mensualidades por un importe de 359.245,53 euros.

La falta de financiación y los incumplimientos de la conselleria han obligado a las propias familias usuarias a asumir un esfuerzo económico extraordinario para mantener la actividad de la asociación y garantizar el pago de los trabajadores. Aunque la situación ha mejorado, se lamenta la falta de información clara sobre los futuros calendarios de pagos.

Más allá de los impagos, Aprosdeco señala un problema estructural: los módulos económicos se mantienen inalterados desde 2019, a pesar del aumento de los costes laborales y la inflación. Esto genera una desigualdad entre las exigencias a los centros y la financiación disponible.

La problemática afecta al conjunto de los recursos para personas con discapacidad en la Marina Alta, con insuficiencia de plazas, escasez de recursos especializados y largas listas de espera. Alumnos del Centro de Educación Especial Raquel Payà y usuarios del Centro Ocupacional y de Día de La Xara se encuentran con la incertidumbre de no disponer de apoyo suficiente para continuar su proyecto vital. Tampoco hay residencias en la comarca, obligando a las familias a buscar plazas fuera, con listas de espera de hasta 10 años.

Entidades como ADIMA, LUDAI, Cerebrum, TDAH +16 o AMADEM comparten dificultades similares por la falta de recursos e inversión sostenida.

El manifiesto reclama una planificación real de recursos, nuevas infraestructuras, más plazas, servicios adaptados y una financiación suficiente. Se hace un llamamiento a la Conselleria para abrir un diálogo y trabajar conjuntamente para abordar las necesidades urgentes y planificar soluciones.

Han apoyado la reivindicación alcaldes y concejales de varios pueblos, incluyendo una numerosa presencia de representantes del Ayuntamiento de Dénia, con el alcalde Vicent Grimalt y el vicealcalde Rafa Carrió. También han asistido los alcaldes de Pedreguer (Sergi Ferrús), Gata (Toni Signes) y El Verger (Basili Salort).

Se debate la posibilidad de realizar movilizaciones ante la sede de la Conselleria. La excepción ha sido la presidenta del PP de Dénia, Pepa Font, partidaria de explorar otras vías de comunicación con la administración autonómica.