La disputa por esta cantidad, que corresponde a la liquidación del año 2023, aún no ha sido tratada en la junta de la empresa pública y podría acabar en los tribunales. Hasta ahora, las discrepancias en este tipo de liquidaciones solían ser mínimas y se resolvían con ajustes, pero esta diferencia es considerable y podría tener un impacto significativo en las arcas públicas de Xàbia.

En octubre de 2024, Amjasa emitió un informe sobre la liquidación presentada por Acciona, advirtiendo que, tras comparar lo facturado con lo que se debería haber facturado, el saldo final a abonar a la mercantil privada era de 2,7 millones de euros (IVA incluido). Sin embargo, Acciona facturó 3,2 millones, generando un desfase de 545.000 euros que, según las estimaciones del personal técnico de Amjasa, Xàbia no debería abonar.

Por su parte, Acciona no aceptó este dictamen y, en marzo de 2026, presentó su propio informe para aclarar la discrepancia, indicando que sus cálculos son los correctos, ya que se basan en los índices de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Este desajuste debería haberse resuelto a lo largo de 2025, pero el proceso se ha demorado.

La planta desaladora de Xàbia aún no se ha inscrito como bien municipal, lo que supone una nueva amenaza para su reversión. Este retraso incumple un acuerdo del pleno municipal de Xàbia, que en octubre de 2025 votó a favor de que la reversión se produjera antes del 1 de abril de 2026.