Esta decisión ha provocado un enfrentamiento con el Partido Popular de Xàtiva, que cuestiona la gestión municipal. La renuncia implica la devolución del anticipo recibido y el pago de 580 euros en intereses de demora a la corporación provincial.
“"Este caso no es un hecho aislado, sino un ejemplo más del modelo de gestión del actual gobierno municipal: solicitan ayudas, reciben el dinero y después son incapaces de ejecutar los proyectos."
Según el Partido Popular, la pérdida de esta inversión, que iba destinada a mejorar la limpieza de la ciudad, especialmente en zonas como el casco histórico o áreas diseminadas, es un ejemplo de gestión sin rumbo ni planificación. Consideran que la gravedad no radica solo en los intereses, sino en la pérdida de una oportunidad para la calidad de vida de los vecinos.
Por su parte, el ejecutivo local justifica la decisión por criterios de responsabilidad, planificación y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Explican que, en el momento de plantear la ejecución de la subvención, el nuevo contrato de limpieza viaria y gestión de residuos ya había sido adjudicado, pero su entrada en funcionamiento no estaba prevista hasta el 1 de enero de 2025.
Esta circunstancia implicaba que el ayuntamiento estaba pendiente de la incorporación de toda la nueva flota de vehículos que el contratista había ofrecido. Por lo tanto, no se disponía de una visión completa de las necesidades materiales definitivas del servicio. Además, recuerdan que ya habían adquirido recientemente un vehículo similar mediante una subvención del programa Reacciona del año anterior.
“"El objetivo ha sido evitar duplicidades y garantizar un equilibrio adecuado entre los medios materiales y los recursos humanos del servicio, asegurando que cada inversión responda a necesidades reales y no a decisiones apresuradas."
El gobierno municipal argumenta que la incorporación de un nuevo vehículo adicional, sin conocer el impacto real de la nueva contrata, podía suponer un sobredimensionamiento innecesario de la flota. En cuanto a los intereses derivados del reintegro, los consideran una consecuencia administrativa prevista con un impacto económico muy reducido, incomparable con el riesgo de una mala planificación estructural del servicio.
