En un contexto marcado por la necesidad de adaptar la planificación urbanística a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024, el pleno del Ayuntamiento de Picanya abordó el pasado mes de marzo una propuesta para aplicar una moratoria en suelos con riesgo de inundación. Sin embargo, el PSPV, el Partido Popular (PP) y Vox rechazaron la moción presentada por Compromís, que planteaba suspender de forma temporal la tramitación de determinados desarrollos urbanísticos, como la ampliación del polígono de La Taronja.
La iniciativa busca introducir una pausa en la tramitación urbanística hasta que se revise el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova), incorporando las nuevas cartografías derivadas de la Dana y los efectos del cambio climático. El objetivo, por tanto, es que las decisiones sobre nuevos desarrollos se tomen con información actualizada sobre el riesgo real de inundación. La propuesta afectaba a los instrumentos de planeamiento que inciden sobre suelos identificados como inundables en las cartografías oficiales, incluida la de la Generalitat elaborada tras la Dana.
Además, la moción ampliaba este criterio a suelos que figuran como no inundables en esos mapas pero que, en la práctica, sí quedaron anegados durante la riada. En estos casos, la propuesta no planteaba una paralización automática, sino condicionar la continuidad de los procedimientos a la incorporación de estudios de escorrentías redactados por los promotores y validados por la administración autonómica.
“"La moción responde a un criterio de prudencia ante la falta de actualización de la cartografía del riesgo. La propuesta busca paralizar los procedimientos urbanísticos que estaban en marcha antes de la Dana de forma temporal, hasta que se actualicen los datos."
Este planteamiento no es nuevo en el debate institucional. De hecho, reproduce el contenido de la enmienda que el PSPV, partido que gobierna en Picanya con mayoría absoluta, defendió en Les Corts durante la tramitación de la Ley 2/2025 de medidas urbanísticas para la reconstrucción tras la Dana. En aquel debate, los socialistas plantearon precisamente suspender los procedimientos urbanísticos en zonas inundables hasta que se revise el Patricova y exigir estudios adicionales en determinados supuestos. La enmienda no prosperó al no contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.
La iniciativa también se alinea con las peticiones que los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) trasladaron al Gobierno de España a principios de marzo, ya que reclamaron una moratoria inmediata en municipios afectados por la Dana. Estos colectivos alertaron de que muchos de los suelos donde se proyectan nuevos desarrollos actuaron como zonas naturales de drenaje durante el episodio, lo que, a su juicio, debería tenerse en cuenta antes de urbanizar esos terrenos.
Es, en este punto, donde entra en juego la ampliación del polígono industrial de La Taronja. El Ayuntamiento de Picanya aprobó en mayo del año pasado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar más de 102.000 metros cuadrados de suelo —en gran parte agrícola— para usos logísticos y manufactureros. Cabe recordar que parte de ese ámbito se vio afectado por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Además, algunos de esos terrenos han sido incluidos en la cartografía de zonas inundadas elaborada por la Generalitat tras la Dana.
La aplicación de la moratoria planteada en la moción de Compromís habría supuesto revisar este tipo de desarrollos con nuevos datos antes de continuar con su tramitación. El proyecto de La Taronja ha generado cierta oposición social, con el colectivo Per L'Horta presentando más de 200 alegaciones e incluso convocando una concentración en el municipio el pasado mes de febrero.
“"La planificación urbanística debe basarse en instrumentos oficiales con carácter vinculante, como el Patricova. La planificación territorial debe encontrar un equilibrio entre la ocupación del suelo y la seguridad."
El equipo de gobierno defendió su voto en contra de la moción apelando al marco legal vigente. Un representante del ayuntamiento señaló durante el pleno de marzo que, aunque comparten la preocupación por la protección del territorio, la planificación urbanística debe basarse en instrumentos oficiales con carácter vinculante, como el Patricova. Añadió que la planificación territorial debe encontrar un equilibrio entre la ocupación del suelo y la seguridad, y defendió que ese criterio se aplica en el municipio. Asimismo, indicó que la modificación del PGOU vinculada a la ampliación de La Taronja cumple con la normativa urbanística y se fundamenta en la cartografía oficial que, en la actualidad, está en vigor.
