Las entidades han agradecido la disposición del ministro para mantener el encuentro, pero sostienen que acuden a la reunión “desde el respeto institucional” y también “desde la firmeza” que les da representar a personas que “lo han perdido todo”.
En el manifiesto entregado con motivo de esta reunión, las asociaciones consideran “imprescindible” que, dentro de las competencias del Ministerio, se apoye con los recursos personales, técnicos y materiales necesarios al juzgado encargado de la investigación. A su juicio, solo con medios suficientes podrá desarrollarse una instrucción rigurosa, ágil y proporcionada a la gravedad de los hechos.
“"La ciudadanía necesita confiar en el sistema judicial y rechazamos dinámicas que alargan procedimientos o generan una sensación de desigualdad y arbitrariedad."
El documento también defiende la necesidad de una justicia “independiente y creíble” y advierte del riesgo de que los tribunales sean utilizados para librar disputas políticas. En este sentido, las asociaciones sostienen que la ciudadanía necesita confiar en el sistema judicial y rechazan dinámicas que, en su opinión, alargan procedimientos o generan una sensación de desigualdad y arbitrariedad.
Otro de los puntos centrales del manifiesto es la crítica al uso y a la interpretación del aforamiento en esta causa, en un momento en el que las asociaciones señalan que están pendientes de la resolución del recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Las entidades sostienen que el aforamiento es una garantía procesal y no un mecanismo de protección personal, y muestran su desacuerdo con que el alto tribunal haya eximido, a su juicio, “de facto” de la posición de garante a una figura pública sin haberse completado la fase de instrucción.
En el mismo texto, las asociaciones consideran “especialmente grave” que el tribunal no haya asumido formalmente la causa y, al mismo tiempo, haya realizado valoraciones sobre el fondo, una actuación que califican de ambigua y contradictoria. Además, afirman de forma expresa que entienden que la figura pública debería estar siendo investigada, aunque precisan que no están prejuzgando culpabilidades porque el procedimiento sigue en fase de instrucción.
El manifiesto concluye con la voluntad de mantener la colaboración institucional, pero también con la determinación de continuar hasta el final en sus reivindicaciones. El texto fue firmado por diversas asociaciones de víctimas de la DANA y fue fechado en Madrid el 15 de abril de 2026.
