Las asociaciones argumentan que Carlos Mazón, ahora diputado en las Cortes Valencianas, ha hecho un uso espurio de su escaño y que no existe un nexo funcional entre los delitos que se le imputan y su acta de diputado. La demanda de amparo interpuesta ante el Tribunal Constitucional responde a la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a investigarle en la causa abierta en el Juzgado de Instancia de Catarroja.
La abogada Miriam Salmerón, de la 'Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre de 2024', ha señalado que, a pesar de considerar positivas las comisiones del Congreso y del Senado sobre la DANA, es necesario que el expresidente comparezca como investigado en Catarroja. También ha criticado la actuación del Tribunal Supremo por considerar que ha usurpado funciones propias de una audiencia provincial.
La portavoz de la Asociación de víctimas '29 d'Octubre', Mariló Gradoli, ha apelado a la empatía del Tribunal Constitucional, pidiendo que atienda a las víctimas y priorice la justicia frente al privilegio del aforamiento. Por su parte, el presidente de la Asociación de damnificados por la dana, Álex Carabal, ha sugerido que el PP debería solicitar el acta de su anterior líder en Valencia.
Las asociaciones han criticado que, más de un año después, todavía queden "vídeos en un cajón", en referencia a mensajes donde Mazón sugería llenar los medios de comunicación de datos para dar sensación de alerta. Ernesto Martínez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, ha cuestionado la cantidad de mentiras ocultadas y ha comparado la situación con el caso de Carles Puigdemont, pidiendo que se retire el acta al 'popular' ante sus supuestas responsabilidades no cumplidas.
Finalmente, Toñi García, que perdió a su marido e hija en la DANA, ha insistido en la falta de asunción de responsabilidades y ha acusado a Mazón de reírse del pueblo valenciano al no asistir a las Cortes, un cargo por el que se le paga.
