Al condenado, que ha reconocido los hechos, se le ha declarado autor de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad documental cometida por funcionario público y otro delito de falsedad en documento oficial cometida por particular. Además de la pena de prisión, el tribunal le ha impuesto el pago de dos multas y una inhabilitación especial para empleo o cargo público de trece meses.

Los hechos se remontan al 15 de enero de 2024, cuando el agente, que figuraba como instructor y denunciante de la Policía Judicial de la comisaría de Torrent, formuló una denuncia relatando el robo de su motocicleta. Sin embargo, el funcionario no incorporó dicha denuncia a las aplicaciones informáticas policiales, remitiendo una copia directamente a la empresa aseguradora.

El 18 de marzo de ese mismo año, la aseguradora le abonó más de 13.000 euros como indemnización, a pesar de que el policía continuaba poseyendo la moto. Posteriormente, el 21 de marzo, su superior le requirió que elaborara el atestado y lo incorporara a las bases de datos policiales para continuar la tramitación del robo.

En ese momento, el condenado trasladó la motocicleta, que había seguido usando tras presentar la denuncia, a una finca de un amigo, donde permaneció oculta hasta julio, cuando otros agentes de la policía se la intervinieron. Antes del juicio, el agente devolvió el dinero a la aseguradora y cubrió los gastos del procedimiento penal.

La sentencia, que ya es firme, acuerda la suspensión de las penas de prisión impuestas al policía por un periodo de dos años, con la condición de no delinquir durante este tiempo.