Estos actos delictivos provocan daños significativos en las infraestructuras de riego, impidiendo en muchos casos el normal desarrollo de la actividad agrícola. Los ladrones sustraen materiales de alto valor en el mercado ilegal, como cobre, baterías, cableado eléctrico, bombas de extracción de agua y equipos electrónicos.

Además, también es habitual el robo de combustible almacenado en estas instalaciones, lo que agrava aún más el impacto económico de estos delitos. El problema no se limita únicamente a los costes derivados de la reposición de los materiales robados o de la reparación de las infraestructuras dañadas.

La paralización de los sistemas de riego puede provocar pérdidas muy importantes en las cosechas, especialmente en periodos críticos de desarrollo de los cultivos, si las reparaciones no se llevan a cabo con la suficiente rapidez. Un agricultor de Montroi sufrió el robo de su pozo de riego, donde le sustrajeron el transformador y todo el cableado, con pérdidas que ascienden a unos 15.000 euros.

Ante esta situación, AVA-ASAJA recomienda a los agricultores la instalación de dispositivos de seguridad como medida preventiva. Estos sistemas resultan eficaces para incrementar la dificultad y el riesgo de cometer robos, actuando como elemento disuasorio. Además, permiten alertar en tiempo real de intrusiones y recopilar pruebas.

La entidad ha exigido una aplicación efectiva de la ley en el medio rural, tras la entrada en vigor de la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Según estimaciones de AVA-ASAJA, los robos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana causan pérdidas anuales cercanas a los 30 millones de euros.