Esta decisión, firmada el 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, implica la retirada de cuatro funcionarias, entre gestoras y tramitadoras, dejando solo a la funcionaria de auxilio judicial. La resolución expone que el departamento ha considerado “no prorrogar los refuerzos” en los órganos judiciales vigentes desde el 1 de enero de este año.
El documento establece que el 30 de junio las cuatro funcionarias actuales deberán abandonar el juzgado que dirige la magistrada Núria Ruiz Tobarra, tras consumir los días restantes de vacaciones y asuntos propios. Esta medida afecta directamente la instrucción del caso de la gota fría, que es particularmente compleja y se ha prorrogado hasta el 30 de octubre.
El personal afectado conoce a fondo la causa, que incluye cientos de piezas de defunciones y más de medio millar de testimonios y perjudicados. Actualmente, la jueza Ruiz Tobarra cuenta con un único refuerzo específico por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial español, lo que le permite dedicarse exclusivamente a la investigación.
“"Con este recorte se demuestra que el gobierno de Pérez Llorca solo tiene un objetivo: proteger a Mazón y a los responsables de las 230 muertes de la dana. Por muchos obstáculos que pongan, los ciudadanos no aceptaremos que los responsables acaben impunes."
Fuentes de la Conselleria de Justicia han justificado la decisión como parte de un “objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de administración de justicia más moderno, ágil y eficiente”. Argumentan que es una “reivindicación histórica de las organizaciones sindicales” y una “prioridad compartida con la administración” para reducir la temporalidad y mejorar las condiciones laborales del personal de justicia. Según la conselleria, los 200 puestos que ahora pierden la renovación se integrarán como plazas estructurales, “reforzando la capacidad del sistema”.
