Esta iniciativa, impulsada por Compromís y aprobada en el pleno de abril con los votos favorables del PSOE, insta al Consell a aplicar la ley estatal de vivienda y a desarrollar medidas específicas en el municipio. El consistorio pide al gobierno autonómico que inicie los estudios necesarios para justificar la declaración.

Entre las medidas solicitadas se incluyen la regulación de los precios del alquiler, el control de los grandes tenedores y la elaboración de un plan específico de vivienda. Además, el Ayuntamiento reclama al Gobierno de España medidas complementarias dentro de su ámbito competencial, como la prórroga extraordinaria de contratos de arrendamiento o el refuerzo del marco legal contra prácticas especulativas en el mercado inmobiliario.

Un portavoz de Compromís defiende que la medida responde a una situación estructural. Según datos de portales inmobiliarios, el precio del alquiler en el municipio se sitúa entre los 750 y los 950 euros mensuales, a los que se suman unos 150 euros de suministros, lo que supondría más del 30% de los ingresos de muchas familias. Esta presión se vincula al aumento generalizado de precios, agravado en el caso de Paiporta por los efectos de la Dana del 29 de octubre, que habría reducido la oferta disponible y tensionado aún más el mercado.

En contraposición, el Partido Popular considera que la declaración de zona tensionada “no solo no resolverá el problema, sino que puede agravarlo”. Un portavoz del PP sostiene que la medida generará inseguridad jurídica y desincentivará a los propietarios, provocando la retirada de viviendas del mercado y, en consecuencia, un aumento de los precios.

El PP cuestiona la base de los datos empleados en la moción, al considerar que proceden de portales inmobiliarios y no de un estudio específico del municipio. También critica que se utilice el impacto de la Dana como argumento sin un análisis previo riguroso. Desde el PP advierten del impacto que tendría la medida en la gestión municipal y defienden como alternativa políticas autonómicas como el Plan Vive para ampliar el parque de vivienda pública.

Con la propuesta aprobada por el equipo de gobierno, Paiporta da el primer paso para ser declarada zona tensionada. No obstante, la decisión también depende de la Generalitat Valenciana, cuya posición se ha mostrado hasta ahora contraria a este tipo de medidas, al considerar que no contribuyen a mejorar el acceso a la vivienda y pueden generar efectos contraproducentes en el mercado.