La jueza de Catarroja advierte que el recorte de personal judicial retrasará la instrucción de la gota fría

La decisión de la Conselleria de Justicia de no renovar a cuatro funcionarias de apoyo pone en riesgo la celeridad del caso.

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera con documentos legales desenfocados.
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Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa de madera con documentos legales desenfocados.

La jueza de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra, ha expresado su preocupación por la decisión de la Conselleria de Justicia de no renovar el contrato de cuatro funcionarias asignadas a la causa de la gota fría, advirtiendo que esta medida provocará una "gran dilación" en la instrucción del caso.

La resolución de la Conselleria de Justicia, que afecta a 200 plazas temporales de funcionarios judiciales en todo el territorio, supondrá que el juzgado de Catarroja perderá a cuatro de las cinco funcionarias que apoyaban la investigación de la gestión de la gota fría. Esta situación, según la jueza, es crítica, ya que el personal afectado conocía el procedimiento desde el 26 de marzo de 2025 y funcionaba como un equipo cohesionado.

"La eliminación prácticamente total de los medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente la instrucción del procedimiento."

Núria Ruiz Tobarra · Jueza de Catarroja
El Consell, por su parte, ha justificado esta medida como parte de un proceso de estabilización de las plantillas, asegurando que los 200 trabajadores de refuerzo más antiguos se convertirán en personal permanente. Miguel Barrachina, portavoz del Consell, ha afirmado que el objetivo es transformar el refuerzo en plazas estructurales y permanentes para mejorar la calidad del servicio.
No obstante, la jueza Ruiz Tobarra ha denunciado que, además del recorte de personal, la causa de la gota fría ya sufre una falta de medios materiales, con salas de vistas y equipos informáticos "claramente insuficientes" para atender la complejidad del caso con la celeridad necesaria.
Ante esta situación, la jueza ha dictado medidas para adaptarse a la nueva realidad, ordenando que las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de los investigados realizadas a partir del 30 de junio se entreguen a las partes sin transcripción. Asimismo, ha indicado que los ofrecimientos de acciones a los perjudicados y las declaraciones testificales de piezas de muertes y lesiones continuarán sin registrarse en el sistema informático, y que las notificaciones a las partes personadas se realizarán a través del acta correspondiente.