El responsable compareció el pasado lunes en la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts, donde subrayó la complejidad y dificultad de la operación, desarrollada en “circunstancias extremas”. Sin embargo, puso en valor la coordinación institucional, la capacidad técnica y el compromiso del servicio público demostrados.

La comparecencia fue la última de este foro parlamentario, ya que el PP y Vox han propuesto concluirla. Esta decisión ha sido criticada por el PSPV y Compromís, que han calificado la comisión de “pantomima parlamentaria” y “intento de blindaje político” para “proteger a los verdaderos culpables”. Por su parte, el PP y Vox han acusado a las formaciones de izquierda de tomársela a “broma y risa”.

El director general detalló las acciones de la Generalitat, comenzando por la “cobertura legal”. El 30 de octubre, se encontraron con un “escenario crítico”: la planta de Hornillos, en Quart de Poblet, sin suministro eléctrico, y la de Manises inaccesible por carretera. Estas instalaciones son fundamentales para el tratamiento de residuos del área metropolitana de València.

Ante esta situación, se actuó “de inmediato” con una solicitud para tratar 200 toneladas diarias de la Vega Baja en Murcia y una resolución para la distribución urgente de flujos de residuos municipales en la Comunitat Valenciana. El 31 de octubre se adoptaron “más medidas excepcionales”, como autorizar a la EMTRE a acondicionar parcelas anexas a Hornillos para el acopio temporal de residuos y establecer directrices para la gestión provisional en ecoparques. Estas medidas fueron “imprescindibles para evitar un colapso sanitario y ambiental”.

El 5 de noviembre, la primera trituradora ya trabajaba para reducir el volumen de residuos, y el 6 de noviembre se empezó a vaciar Alfafar hacia el vertedero de Pedralba. Posteriormente, se habilitaron puntos de transferencia en Catarroja, Picassent y Quart-Manises. En noviembre y diciembre se vaciaron los puntos de acopio local, una operación que requirió “una coordinación logística enorme”.

También se abordó el problema de los lodos, construyendo balsas impermeabilizadas en Quart-Manises y habilitando espacios en Picassent para la descarga segura. La Generalitat fue “la única administración que facilitó puntos de descarga seguros”. En cuanto a los residuos peligrosos, se autorizó un contrato de emergencia en las primeras semanas de noviembre, retirando más de 54.500 kilos en coordinación con el Seprona.

La retirada de vehículos se coordinó con los ayuntamientos y gestores, demostrando una “eficacia y orden progresivos”. A partir del 1 de marzo de 2025, se redujeron las entradas y se vaciaron los puntos de transferencia “a buen ritmo”. En total, se gestionaron 921.115,85 toneladas de residuos, cinco veces más que en un ejercicio habitual, con una recuperación del 36%, principalmente tierras, metales y plásticos.