Esta declaración llega después de que la jueza de Catarroja advirtiera de una posible "gran dilación" en la instrucción, a raíz de la comunicación de la Conselleria de Justicia sobre la supresión de cuatro puestos de funcionarios de apoyo a partir del 30 de junio.

La consellera Martínez ha explicado que la medida de reestructuración, que convertirá 200 refuerzos judiciales en estructurales a partir del 1 de julio, forma parte de un plan de agilización y modernización de la Administración de Justicia. Este plan busca estabilizar las plantillas, reducir la temporalidad y mejorar las condiciones laborales del personal, respondiendo a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales.

La identificación de las plazas se ha realizado con un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos puestos que se han ido perpetuando con renovaciones sucesivas. Con la creación de estos 200 puestos estables, se pretende reforzar la capacidad del sistema y garantizar una prestación más eficaz del servicio público de justicia.

La Conselleria de Justicia ha destacado que la transición se gestionará de manera ordenada, minimizando el impacto en profesionales y ciudadanía. Además, se ha reducido el tiempo medio para cubrir plazas temporales en los juzgados de 25 a 8 días gracias a un nuevo sistema de gestión de la bolsa de empleo activado en noviembre, cubriendo más de 250 plazas en tres meses. También se ha avanzado en la estabilización de la plantilla del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Valencia, creando seis plazas estructurales de psicólogos, seis de trabajadores sociales, tres de médicos forenses, un facultativo, dos gestores y cuatro tramitadores, además de estabilizar dos plazas de médicos forenses.