La reciente ola de calor que ha afectado a la Comunitat Valenciana entre el 22 y el 28 de junio ha servido como aviso inmediato: la emergencia climática no se distribuye de manera homogénea. El calor extremo pone de relieve cómo la renta, la calidad de la vivienda, el barrio, el empleo y la capacidad económica de las familias influyen directamente en su capacidad de protección ante las inclemencias meteorológicas.
En la Comunitat Valenciana, una autonomía mediterránea con fuerte concentración urbana costera, la geografía física del cambio climático (presión sobre el agua, temporales, incendios) se cruza con una geografía social. Afrontar una ola de calor no es lo mismo desde una vivienda bien aislada, con aire acondicionado y capacidad para asumir la factura eléctrica, que desde un piso antiguo, mal ventilado, en una calle sin sombra y con una economía doméstica ajustada.
Esta 'fractura climática valenciana' se hace patente en barrios con menos renta, que suelen concentrar más densidad urbana, menos zonas verdes, peor calidad residencial, menor eficiencia energética y menos margen económico para adaptarse. La isla de calor urbana, un fenómeno que expresa desigualdad, se hace evidente en el área metropolitana de València, afectando barrios como Burjassot, Alfafar, Torrent, Manises, Xirivella, Quart de Poblet, Aldaia o Alaquàs. La acumulación de asfalto, tráfico, vivienda envejecida y falta de arbolado hace que el verano sea más duro, con consecuencias como dormir peor, enfermar más o limitar el uso de refrigeración por miedo a la factura.
En la Comunitat Valenciana, uno de cada cuatro ciudadanos vive en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa Arope se sitúa en el 25,8%, con diferencias comarcales acusadas. La Vega Baja, la Marina Alta y la Marina Baixa encabezan la vulnerabilidad económica, mientras que comarcas como Els Ports, l'Alt Millars o la Vall d’Albaida presentan tasas inferiores. Esta brecha territorial es relevante, ya que el sur valenciano y áreas litorales concentran riesgo social en territorios ya sometidos a presión urbanística, turística, hídrica y climática. La emergencia climática actúa como multiplicador de desigualdades: la pobreza energética hace que el calor pese más, el empleo precario afecta la salud laboral, la vivienda deficiente no protege, y la falta de transporte público aumenta la dependencia del coche.
El debate climático valenciano debe bajar a la escala del barrio y la comarca. La adaptación implica rehabilitar viviendas, crear refugios climáticos, ampliar zonas verdes, rediseñar patios escolares, proteger a los mayores, garantizar sombra en trayectos cotidianos, mejorar el transporte público metropolitano y reducir la pobreza energética. No basta con plantar árboles o aprobar planes declarativos; la inversión pública debe priorizar los lugares donde coinciden exposición climática y vulnerabilidad social para ser una política útil y redistributiva.
La Comunitat Valenciana conoce los riesgos de un Mediterráneo más cálido y extremo, así como las consecuencias de una construcción demasiado cercana al riesgo y lejos de la prudencia. La pregunta ya no es si el cambio climático afectará a la región, sino a quién afecta antes, con qué intensidad y con qué recursos para resistir. La respuesta obliga a mirar el mapa de otra manera, porque el clima también tiene código postal.
