Las entidades, incluyendo la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de València, han registrado una carta ante la Conselleria de Justicia. En esta, expresan su «preocupación» por las consecuencias que podría tener la reducción de recursos en una causa que consideran «clave para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas».
La petición se centra en la situación de los refuerzos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Las asociaciones rechazan la decisión de suprimir parte del personal adscrito al juzgado y recuerdan que la retirada de cuatro de los cinco puestos de refuerzo supondría una grave dilación en la instrucción, tal como ya comentó la instructora del caso.
“"No se trata solo de mantener unos puestos de trabajo, sino de evitar la pérdida de un equipo humano que ya conoce a fondo la causa y que resulta esencial para su buen desarrollo."
Consideran «especialmente grave» que esta decisión afecte a un equipo de trabajo que lleva meses dedicado exclusivamente a la causa, con personal que conoce perfectamente el procedimiento y que funciona ya como un equipo coordinado y especializado. Las víctimas han defendido «desde el primer momento» que la justicia necesita recursos «suficientes, estabilidad e independencia para poder actuar con rigor, celeridad y garantías».
Las entidades subrayan que sus reivindicaciones son «plenamente compatibles» con el derecho del personal funcionario a estabilizar sus plazas y con los procesos legales de provisión y consolidación laboral. Insisten en que corresponde a la Conselleria organizar adecuadamente los recursos humanos y materiales para que los procesos de estabilización no impliquen el desmantelamiento de equipos especializados ni afecten negativamente una causa judicial de enorme trascendencia social y humana.
Por todo ello, las asociaciones reclaman el mantenimiento íntegro de los puestos de refuerzo adscritos al juzgado, la garantía de continuidad funcional y estabilidad de los equipos de trabajo vinculados a la instrucción de la causa, y la preservación íntegra del equipo que ya trabaja en ella. Además, piden la compatibilización de los procesos de estabilización del personal con el refuerzo efectivo de los recursos humanos del juzgado, y un compromiso real y verificable de refuerzo de la Administración de Justicia.
