El encuentro, que ha tenido lugar en el consistorio, estaba llamado a explorar vías de entendimiento sobre un proyecto que ha generado fricciones entre ambas partes. El Súper Solidario, nacido inicialmente como respuesta a la DANA de 2024 para distribuir alimentos y productos básicos a familias afectadas, se ha convertido en un proyecto dirigido a personas vulnerables. Su continuidad en un edificio municipal ha generado desacuerdos, ya que el ayuntamiento pretende reconvertir el inmueble en un Centro de Atención a la Emergencia.
La reunión se producía en pleno conflicto por el desalojo del espacio municipal que ocupa el proyecto. La Coordinadora, acompañada por docentes de la Universitat de València, pretendía proponer una nueva vía de diálogo para compatibilizar la continuidad del Súper Solidario con los planes municipales. La propuesta incluía aplazar la decisión del equipo de gobierno y constituir un grupo de trabajo con representantes del proyecto, los Servicios Sociales municipales y personal universitario para buscar una solución consensuada.
Sin embargo, tras cerca de dos horas de conversación, la reunión concluyó "de forma abrupta" cuando el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, abandonó la sala sin llegar a ningún acuerdo. Según la Coordinadora, la propuesta no fue aceptada por el ayuntamiento, considerando así agotada la vía de diálogo. Defienden que el Súper Solidario atiende semanalmente a más de 200 familias y subrayan su carácter comunitario y de apoyo social.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alfafar señala la falta de coordinación del proyecto con los Servicios Sociales municipales como principal punto de desacuerdo. El alcalde Adsuara afirma que el colectivo "no está dispuesto a colaborar para ceder las familias que son intervenidas", lo que impide al consistorio conocer quién recibe la ayuda o realizar el seguimiento pertinente. Adsuara indica que la intervención social es una competencia municipal y que la actividad se desarrolla sin supervisión, con expedientes relacionados con cuestiones sanitarias, urbanísticas y de ocupación de instalaciones públicas.
El consistorio sostiene que estas circunstancias impiden regularizar el proyecto en sus condiciones actuales y que la Coordinadora rechaza trabajar bajo los mismos criterios que otras entidades sociales colaboradoras. "No quieren actuar como el resto de ONG. Quieren seguir estando en un sitio que está ocupado y que no cumple ninguna normativa de sanidad", asegura Adsuara, quien añadió que "si ellos no están dispuestos a cumplir la legalidad, no podemos seguir negociando con ellos". Esta postura, según el alcalde, fue respaldada por el secretario municipal, la jefa de Servicios Sociales y el comisario de Alfafar, además de exponerse ante los profesores de la UV presentes.
