Moncada pagará un millón de euros por una sentencia judicial de la etapa del PP
El consistorio asumirá el pago de una resolución judicial firme por la gestión de parcelas municipales entre 2010 y 2013.
Por Neus Mollà i Roca
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Fachada de un ayuntamiento de piedra con balcón ornamentado, bañada por la luz del sol de la tarde.
El Ayuntamiento de Moncada deberá hacer frente al pago de un millón de euros por una sentencia judicial firme, consecuencia de la gestión de la empresa pública PEMSA entre los años 2010 y 2013.
Esta resolución judicial, que será aprobada en el pleno ordinario del mes de abril, obliga al consistorio a asumir las consecuencias económicas de decisiones tomadas por el anterior gobierno del Partido Popular. Los hechos se remontan a operaciones sobre parcelas municipales que ya en su momento generaron dudas y controversia.
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"Esta sentencia es la consecuencia directa de la gestión del PP y sus acólitos, de una forma de gestionar lo público que compromete recursos de todos sin el rigor ni las garantías necesarias."
La dirección municipal ha destacado que los vecinos de Moncada tienen que asumir ahora este pago que no responde a ninguna inversión ni mejora actual, sino al coste de una forma de gobernar que acabó en los tribunales. Consideran especialmente grave que algunos de los responsables políticos de aquella etapa continúen en la vida pública local sin asumir responsabilidades.
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"Un millón de euros no es una cifra abstracta, es dinero que deja de invertirse en servicios básicos y en mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas."
El vicealcalde ha añadido que estos recursos podrían destinarse a limpieza, mantenimiento de calles, seguridad o políticas sociales, y que ahora se pierden como consecuencia de decisiones que nunca debieron tomarse. Ha subrayado que cuando se gobierna sin control, el resultado es siempre el mismo: menos recursos para lo público y más costes para la ciudadanía.
El equipo de gobierno ha subrayado que el Ayuntamiento afronta este pago desde una situación económica sólida, fruto de una gestión responsable que ha permitido aprobar los presupuestos más altos de la historia reciente del municipio y mantener la estabilidad financiera sin aumentar la presión fiscal. Esta planificación es la que hace posible asumir ahora esta obligación judicial sin comprometer el funcionamiento de los servicios públicos ni la hoja de ruta marcada para la ciudad.