La decisión judicial da la razón a los vecinos, constatando que los niveles de ruido superan los límites permitidos dentro de las viviendas. Las mediciones han llegado hasta los 80 decibelios (dB) en los domicilios, cuando la normativa establece un máximo de 45 dB por la noche y 55 dB durante el día. Esta diferencia, de más de 30 dB sobre los umbrales permitidos, indica un incumplimiento objetivo que afecta derechos fundamentales como el descanso.
En este contexto, la administración tiene la obligación de actuar, pero con un margen reducido. Mantener los festivales en su ubicación actual implicaría reducir el volumen hasta un punto que desvirtuaría la experiencia y dificultaría la contratación de artistas, ya que un macrofestival suele funcionar entre los 100-110 dB en el recinto. Por lo tanto, la reubicación de estos eventos parece ser la alternativa más probable.
Dentro de la ciudad, la Marina concentra buena parte de las miradas. La Marina Sur, con capacidad para eventos de gran formato, está condicionada por obras y limitaciones de aforo, reduciendo su capacidad a unas 14.000 personas, lejos de las cifras de festivales como el Festival de les Arts (entre 40.000 y 60.000 asistentes) o el BigSound (más de 70.000). La Marina Norte ha emergido como alternativa inmediata tras el traslado del concierto de Jean-Michel Jarre, previsto inicialmente en la Ciutat de les Arts. Sin embargo, asociaciones vecinales y hosteleras del Cabanyal-Canyamelar han rechazado esta opción, considerando que el problema del ruido solo se desplaza.
Fuera de València, el área metropolitana ofrece más margen físico. En Torrent, el Parc Central ha demostrado capacidad para albergar eventos multitudinarios, como el Rockejat o el Germanor Fest de 2025, con una extensión de unos 26.000 metros cuadrados. En Mislata, el recinto ferial, con unos 14.000 metros cuadrados, también ha acogido conciertos con cerca de 20.000 personas. Estos ejemplos evidencian que el área metropolitana puede absorber eventos de gran tamaño, teniendo en cuenta su proximidad al Cap i Casal y la posibilidad de desplazarse a través de transporte público.
Sin embargo, ninguno de estos municipios ha dado un paso firme para consolidarse como alternativa. Acoger macrofestivales implica asumir impactos en forma de ruido o movilidad, y los ayuntamientos evitan posicionarse de forma clara. Casos como Cullera, con el Zevra Festival (155.000 asistentes) y el Medusa Festival (más de 180.000), muestran que el modelo puede funcionar con éxito en recintos amplios junto al litoral, alejados de núcleos residenciales densos.
Para analizar las alternativas, existen los Planes Acústicos Municipales (PAM), documentos que ordenan el ruido en cada término municipal. Estos planes delimitan zonas según su sensibilidad y establecen los niveles admisibles. Su implantación es irregular, y muchos municipios no los tienen aprobados o están desactualizados. Su ausencia no bloquea la celebración de eventos, pero reduce la previsión sobre si se cumplirán los límites acústicos exigidos por la ley.
Los macrofestivales requieren espacios muy específicos: recintos amplios, con capacidad para decenas de miles de personas, bien conectados por transporte público y, sobre todo, alejados de zonas residenciales densas o protegidos mediante barreras naturales o artificiales que minimicen la propagación del sonido. Sin un mapa claro de recintos aptos, cada evento depende de soluciones puntuales que, como demuestra la sentencia, pueden quedar en entredicho.
