La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre la alcaldesa de València, María José Catalá, dos ediles de su gobierno y la presidenta del Puerto por la presunta recolocación irregular de extrabajadores del Consorcio València 2007 en organismos del Ayuntamiento y el Puerto, abre un frente judicial de alcance incierto. Este hecho ya está teniendo una repercusión significativa en la estrategia de los partidos de cara a la campaña electoral de 2027, que se prevé de alto voltaje.

La propia Catalá enmarcaba la denuncia de Compromís como el inicio de la carrera electoral de 2027, afirmando: “Si Compromís ha decidido que la campaña empiece en la Fiscalía, pues vale”. Al ser preguntada por el significado de ese “pues vale”, la alcaldesa despejaba dudas con un velado aviso: “Que voy a ser una colaboradora muy activa con la Fiscalía”.

Fuentes populares interpretan ese “pues vale” como un mensaje de fondo: el equipo de Catalá estaría dispuesto a jugar en el mismo terreno si la confrontación se traslada al ámbito judicial, intentando transformar en “irrespirable” la campaña electoral para sus rivales. De hecho, este no es un terreno desconocido para el Partido Popular, que en legislaturas anteriores, especialmente entre 2015 y 2019, recurrió a querellas y denuncias como herramienta de desgaste contra el gobierno de Joan Ribó.

La secuencia de los acontecimientos en las últimas 48 horas ayuda a explicar el giro del debate hacia ese terreno político-judicial. El martes se conocía la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia de Compromís por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Horas después, Catalá comparecía para restar importancia al movimiento del Ministerio Público, calificándolo de “trámite” habitual y tachando de “esperpéntica” la acusación de Compromís.

Sin embargo, esa misma noche, eldiario.es publicaba la transcripción de unos audios del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que añadían otra capa al caso. En ellos, el edil animaba a los trabajadores del consorcio a concurrir a procesos selectivos e incluso sugería la posibilidad de adaptar las convocatorias. La oposición anunció la ampliación de la denuncia para incorporar los audios de Olano, a quien acusan de posibles delitos de prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Este miércoles, Catalá volvía a comparecer para cerrar filas en torno a su concejal y reiterar que todos los procedimientos de su administración fueron “transparentes”. La alcaldesa destacó que está “especialmente ansiosa” por que el Ministerio Público solicite documentación sobre el caso para remitirla “de forma muy afanada”. El estallido de este caso obliga al equipo de la alcaldesa a reaccionar en un contexto donde el horizonte electoral de 2027 está cada vez más cerca.