La iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno local, nace del malestar de los vecinos de Penya-roja y la Federación Vecinal, quienes denuncian llevar treinta años esperando una solución para una infraestructura que divide los barrios y condiciona el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Los residentes de Penya-roja recuerdan que hace 30 años ya abonaron 10 millones de euros en concepto de cargas urbanísticas para este fin al adquirir sus viviendas. La falta de soterramiento plantea ahora nuevos problemas ante la ejecución del PAI del Grao, ya que las vías actuarán como barrera física entre Penya-roja y el Grao. Además, advierten que el futuro Parque de Desembocadura quedará desconectado del resto del Jardín del Turia si el puente ferroviario y las vías permanecen en superficie.
“"El soterramiento no debe limitarse a cruzar el río, sino que debe prolongarse más allá de Moreras y Nazaret/La Punta para garantizar una integración total."
Desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, el concejal ha criticado el "silencio absoluto" del Ministerio de Transportes tras 20 meses del compromiso alcanzado entre la alcaldesa y el ministro en julio de 2024. Según el consistorio, se optó por la denominada "opción 2", que contempla ampliar el túnel hasta rebasar el barrio y el cauce del río, pero el proyecto sigue sin materializarse.
La sesión plenaria ha evidenciado la falta de consenso total sobre la estrategia a seguir. Desde Compromís, se ha exigido que el túnel llegue hasta La Punta/Nazaret y que la Generalitat Valenciana se implique directamente en la financiación y exigencia de responsabilidades. También ha solicitado priorizar las líneas de Cercanías sobre la alta velocidad.
El PSPV presentó una alternativa a la moción que fue rechazada por el resto de grupos, centrando parte de su intervención en el Canal de Acceso y las relaciones institucionales entre el Gobierno central y la alcaldía. Por su parte, el Gobierno Local (PP-Vox) acusa al Ministerio de actuar contra los intereses de los valencianos y de ocultar informes técnicos necesarios para el avance de la obra.
Finalmente, la moción original del gobierno ha salido adelante, reiterando la exigencia formal al Estado para que cumpla con los plazos y compromisos adquiridos hace casi dos años.
