La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado las sentencias por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Estas penas son el resultado de un acuerdo de conformidad entre los acusados y la Fiscalía durante el juicio celebrado este enero.

Dos de los condenados, considerados los cabecillas de la organización, han recibido la pena más alta: seis años y medio de prisión y multas de un millón de euros. Para ellos, se ha acordado la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional una vez cumplidos los dos años de cárcel.

Un tercer implicado, encargado del transporte de la droga, ha sido condenado a cuatro años y un mes de cárcel, además de una multa de 400.000 euros. Otros dos miembros de la banda, que alquilaban las viviendas para almacenar la sustancia, han recibido seis meses de prisión. La hermana de uno de ellos, por su parte, ha sido condenada a dos meses como cómplice por ayudar a pagar el alquiler.

La sentencia establece que los penados formaban parte de una organización que operaba en las provincias de Valencia y Castellón, con funciones asignadas como la dirección, la obtención de sustancias, el transporte o el alquiler de viviendas para la custodia y preparación de la droga para su venta.

Uno de los hechos probados ocurrió el 18 de diciembre de 2024, cuando uno de los condenados fue interceptado por la Policía Nacional en la AP-7, entre Valencia y Castellón, con siete kilogramos de cocaína ocultos en el maletero de su vehículo. La droga había sido colocada poco antes por otros dos miembros de la organización, que fueron detenidos el mismo día.

Durante los registros domiciliarios en viviendas localizadas en los municipios de l'Eliana y de Valencia, se encontraron diversas cantidades de cocaína, utensilios para su preparación y dinero procedente de la venta. La cantidad de estupefacientes incautada habría alcanzado un valor de más de 726.000 euros en el mercado ilícito.

La sentencia, que es firme, acuerda el decomiso y la destrucción de la droga, así como el comiso de los bienes e instrumentos incautados, tales como vehículos, dinero y teléfonos. Estos recursos se destinarán a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con las drogas, según la Ley 17/2023 de 29 de mayo.