La protesta, que marca el inicio de un calendario de movilizaciones convocadas por CSIF, UGT, CCOO y CIG, pretende exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y denunciar el perjuicio que supone la escasez de personal para la atención ciudadana. Según las organizaciones, las esperas para conseguir cita pueden llegar a un mes, y para la resolución del Ingreso Mínimo Vital, hasta un año.
Las centrales sindicales señalan el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en cuestiones esenciales como la reorganización administrativa, la cobertura de puestos de trabajo, la estabilización de plantillas y su rejuvenecimiento. También critican la falta de actuaciones en movilidad del personal, el teletrabajo, la formación, la prevención de riesgos laborales y la promoción profesional.
CSIF alerta que el progresivo deterioro de las condiciones laborales y el incremento de las cargas de trabajo se deben al envejecimiento de las plantillas y a la insuficiencia de efectivos a escala nacional. Un tercio de la plantilla, compuesta por 31.000 personas, permanece vacante, y se estima que en cinco años hasta el 50% de los profesionales podrían estar en edad de jubilación.
El origen de estas protestas, según CSIF, radica en la falta de desarrollo efectivo del acuerdo del 16 de mayo de 2023, suscrito por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, denuncian el incumplimiento de las medidas de modernización de la administración de la Seguridad Social desde el acuerdo del 29 de noviembre de 2018 y la adaptación horaria a las 35 horas semanales.
Las organizaciones sindicales mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos, defendiendo así las condiciones de trabajo y una mejor Seguridad Social para la ciudadanía.
