Según el sindicato, la Conselleria está ultimando los pliegos de condiciones para licitar la gestión integral de cinco centros en la provincia de València y dos en la de Castellón. Esta medida implicaría el desplazamiento definitivo del personal público y el fin del sistema mixto que ha funcionado hasta ahora en estos espacios.

UGT critica la falta de transparencia en el proceso, señalando que la Conselleria ha contactado individualmente con los empleados públicos para obtener su conformidad con los cambios de destino, evitando así la interlocución con los representantes de los trabajadores y las mesas de negociación habituales. Esta situación se hizo evidente después de que el sindicato detectara movimientos para reasignar más de setenta puestos de trabajo de diversas categorías, como educación social, dirección, cocina o mantenimiento.

En una reunión celebrada el 1 de abril, la Administración confirmó el avanzado estado del proceso de privatización. Los centros afectados en València incluyen los centros de acogida de Campanar, Xiquets y Xics, la Colonia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal y la Residencia Juvenil Mislata II. De hecho, en el centro Xiquets, la plantilla pública ya ha sido reubicada completamente. Las estimaciones sindicales apuntan a que alrededor de ochenta profesionales serán trasladados para dejar estos espacios bajo control exclusivamente privado.

Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV, ha expresado su preocupación por las consecuencias de este cambio para la infancia tutelada. UGT advierte que la pérdida de control público directo podría debilitar los mecanismos de supervisión y generar una red de centros con estándares de calidad desiguales, desviando recursos públicos hacia el sector privado en un ámbito de vulnerabilidad social.