Estas primeras jornadas se han desarrollado sin grandes aglomeraciones ni avalanchas en la planta baja de la casa consistorial, donde se han expedido los documentos necesarios para iniciar el proceso y se han resuelto dudas sobre el mismo.
Solo este lunes, 70 personas han acudido a presentar sus solicitudes sin problemas ni grandes colas. Cabe destacar que el servicio del TDIC (Oficina de Atención al Ciudadano de Torrent) está disponible para cualquier trámite con la administración local. Además, la asociación Dona'm la mà, con sede en la ciudad, ofrece acompañamiento a las personas migrantes para conseguir la documentación, sobre todo, el certificado de vulnerabilidad que emiten los servicios sociales municipales.
Este certificado es necesario si no se cumplen los requisitos de haber trabajado o estar en búsqueda activa de empleo (inscrito en Labora), o tener menores a cargo y vivir con ellos, o con mayores de 18 años con discapacidad o con los padres.
El proceso se está llevando a cabo con normalidad, a pesar de la oposición de Vox, socio de gobierno local del PP, a la regularización masiva de inmigrantes. Este partido presentó una moción en el pleno de febrero, argumentando que no es una medida humanitaria, sino una decisión política que pone en riesgo la convivencia y los recursos.
“"No es una medida humanitaria, es una decisión política deliberada que pone en riesgo la convivencia, la seguridad y los recursos de los españoles. No vamos a ser cómplices del desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar."
Esta regularización está dirigida principalmente a aquellas personas que puedan acreditar que viven en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han permanecido en el territorio al menos cinco meses de manera continuada. Además, es imprescindible no tener antecedentes penales.
Sin embargo, en el Ayuntamiento de Xirivella, también gobernado por PP y Vox, la alcaldesa ha expresado su preocupación por el proceso, señalando que los departamentos de servicios sociales y educación están "desbordados" y que la regularización se ha hecho sin contar con los ayuntamientos.
“"No se trata de estar en contra de nadie. Se trata de hacer las cosas bien. Se les regulariza, pero no se aporta la financiación necesaria para garantizar servicios de calidad a toda la ciudadanía."
Desde el Partido Popular se defiende una inmigración ordenada, con planificación y recursos, y por ello, apoyan que el Consell recurra esta medida, ya que los municipios no pueden asumir decisiones improvisadas sin los medios necesarios.
