El pasado mes de enero, el cara a cara entre Salomé Pradas, exconsellera de Interior, y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, puso de manifiesto varias contradicciones en sus declaraciones. Pradas, investigada en la causa, subrayó que intentó contactar con Mazón antes de enviar la alerta ES Alert, pero se encontró “sola” ante la emergencia.
El debate se centró en la gestión de los teléfonos móviles oficiales. Cuenca explicó que cambió de terminal en el verano de 2025, ya con la investigación sobre la catástrofe iniciada, por falta de capacidad. Afirmó que en el proceso de traspaso de información se perdieron datos de aproximadamente un año, y que restableció el teléfono a los valores de fábrica antes de devolverlo a la Generalitat Valenciana cuando dejó de ser alto cargo, tras la dimisión de Mazón en diciembre.
“"No iba a entregarlo con fotos de mi familia."
En respuesta, Salomé Pradas defendió su decisión de conservar su teléfono y los datos que contenía. Aseguró haber enviado un “mensaje expreso” a la Generalitat Valenciana para garantizar que su móvil no fuera manipulado ni restablecido. Tras ser cesada de su cargo por Mazón en diciembre de 2024, abonó el terminal y se lo quedó para evitar la pérdida de información.
“"El teléfono te lo puedes quedar."
Cuenca reconoció que tenía la opción de comprar el teléfono, tal como hizo Pradas, pero optó por entregarlo a la Generalitat sin sus datos personales, insistiendo en que había transferido toda la información relevante a un nuevo dispositivo con mayor capacidad.
