La decisión, que ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y Vox) y el rechazo de la oposición (Compromís y PSPV), entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el BOP. Esta normativa busca reducir los niveles de ruido en un área de 18 calles, afectando directamente la concesión de licencias y los horarios de actividad.

Entre las limitaciones más destacadas, se suspende la concesión de nuevas licencias de apertura o ampliación de locales existentes. En cuanto a las terrazas, queda prohibida su ampliación en dominio público, y los horarios de cierre se fijan a las 00:30 horas (1:30 en festivos) en temporada alta, y a la medianoche entre semana durante el invierno. Las discotecas deberán cerrar entre las 03:30 y las 04:30 horas, dependiendo del día de la semana, y se prohíbe la instalación de nuevos sistemas de ambientación musical.

A pesar de la aprobación, la medida nace sin el respaldo de los actores implicados. La Associació de Veïns Russafa Descansa considera que es insuficiente para garantizar el derecho al descanso, ya que los niveles sonoros aún superan los límites legales en vías como Centelles o Literato Azorín. Por su parte, el sector empresarial, representado por la Asociación de Ocio y Hostelería de los Barrios de Valencia, denuncia un "ataque" a las pymes y advierte de un impacto negativo para el turismo y la cultura de la ciudad. Desde el PSPV y Compromís, se ha calificado la normativa de "maquillaje" y se ha criticado la falta de diálogo para buscar soluciones de raíz al problema de convivencia.

El concejal de Mejora Climática y Acústica, Carlos Mundina, ha defendido que la aplicación de la ZAS es un "mandato judicial" ineludible que el actual ejecutivo ha tenido que ejecutar para cumplir con la legalidad, finalizando los estudios sonométricos pendientes. Para intentar acercar posturas en el futuro, se ha anunciado la creación de una mesa de trabajo permanente en la que participarán la administración, los residentes y las entidades del sector hostelero.