El recurso presentado por la exconsellera, investigada en la causa, se opone al auto judicial que establecía que las grabaciones de testificales, periciales e investigados se compartieran con las partes sin necesidad de transcripción.
“"La negativa a transcribir las declaraciones en fase de instrucción supone una confrontación con los principios que inspiran esta fase de diligencias previas y, en concreto, una vulneración del derecho de defensa."
La defensa argumenta que la disminución de los medios del Tribunal de Instancia no puede justificar un cambio de criterio respecto a la preservación de la imagen de las personas, reconocida por un auto anterior, ni el decaimiento de la obligación de transcribir las declaraciones, lo que lesionaría los derechos de los investigados y las acusaciones.
Además, se expone que la transcripción que se venía realizando hasta la fecha no era un sustituto del traslado de las grabaciones, sino una obligación propia de la fase del procedimiento. Por tanto, el derecho a la propia imagen de los investigados es independiente y no intercambiable por el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de las partes.
“"La constancia escrita de las diligencias testificales responde a la necesidad de que no solo las partes, sino también la instructora, el órgano de enjuiciamiento y aquellos que puedan necesitar revisar su contenido tengan acceso efectivo a ellas para su correcta valoración y utilización."
Por todo ello, la defensa considera que la decisión de no transcribir las declaraciones en una causa como la de la DANA vulnera frontalmente el derecho de defensa de la exconsellera.
