El portavoz del grupo socialista en el consistorio ha presentado una denuncia ante Antifraude por la posible existencia de un conflicto de intereses de una abogada de la Generalitat. Esta persona actuaría como apoderada de una constructora matriz vinculada a la permuta de 39 viviendas de protección oficial (VPO).
Según el comunicado, la abogada habría ocultado su situación con la constructora, a pesar de que podía incurrir en un conflicto de intereses, dado que la Generalitat ha certificado que no solicitó la compatibilidad necesaria para compaginar su actividad pública con negocios privados.
“"No puede ser que altos cargos de la Generalitat Valenciana relacionados con el Partido Popular estén participando a la vez de la administración del dinero público y de la administración de sus negocios privados."
El grupo socialista ha señalado que la abogada es apoderada de las mercantiles Domio Desarrollos SL y Domio Habitat, dos de las constructoras implicadas en la permuta de suelo municipal que impulsó el gobierno local a cambio de las 39 VPO, las cuales ya habían sido comercializadas.
El PSPV ha recordado que ya llevó esta permuta a la Fiscalía, ya que la empresa había comercializado las viviendas ofrecidas, incumpliendo uno de los requisitos obligatorios para optar a la permuta. A pesar de que muchos propietarios han judicializado la decisión de la empresa de romper el compromiso con las familias, el gobierno local decidió adjudicar la permuta.
