Miembros de la entidad explican que han acudido a Les Corts Valencianes invitados por Compromís con motivo de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) sobre los impagos a centros de día afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Previamente, representantes del Kolectivo se reunieron con la directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such, y el director general de Servicios Sociales, Nacho Grande, para trasladarles un informe de la Clínica Jurídica de la Universitat de València (UV).
El informe de la UV concluye que la negativa de la Generalitat a abonar las cantidades reclamadas carecería de base jurídica suficiente y sostiene que la administración autonómica debería asumir el pago de los servicios prestados por la entidad tras la Dana. En ese contexto, el Kolectivo plantea el pago por resarcimiento como una posible vía para que la Conselleria de Servicios Sociales pueda abonar las cantidades pendientes.
Según explican sus miembros, esta fórmula permitiría compensar económicamente a la entidad por unos servicios que, sostienen, continuaron prestándose a menores y familias en situación de vulnerabilidad aunque se desarrollaran temporalmente fuera de los locales concertados por las consecuencias de las inundaciones. "Estamos explorando una fórmula de pago por resarcimiento frente a esta situación", avanzan desde el Kolectivo, que insisten en que la vía judicial continúa siendo "el último recurso" si no se alcanza un acuerdo.
El conflicto se remonta a los meses posteriores a la Dana, cuando los locales concertados donde se desarrollaba la actividad de los centros de día quedaron afectados por la riada. Pese a ello, aseguran que continuaron prestando atención social y educativa a menores, adolescentes y familias en otros espacios del barrio de Parque Alcosa, en Alfafar, mientras se rehabilitaban las instalaciones. Reclaman cantidades correspondientes a servicios prestados entre abril y septiembre de 2025 en un centro y entre abril y diciembre de 2025 en el otro.
El Kolectivo sostiene que durante todo el periodo mantuvo contactos con responsables autonómicos y remitió documentación. Un argumento clave del informe jurídico de la UV es que "no hay resolución formal que suspendiera o resolviera el concierto", por lo que considera que este seguía vigente. El informe también invoca el principio de "confianza legítima" y apunta a un posible "enriquecimiento injusto" de la Generalitat.
Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales defiende que los importes pendientes responden al "incumplimiento" de las condiciones exigidas por la normativa de acción concertada. Fuentes del departamento autonómico señalan que, finalizada la exención temporal (hasta el 31 de marzo de 2025) para funcionar fuera de locales autorizados, el Kolectivo "no solicitó una prórroga y continuó prestando servicios en ubicaciones que no contaban con autorización técnica", según informes e inspecciones.
La administración autonómica asegura que únicamente ha abonado los periodos y plazas "correctamente justificados". A enero de 2026, la Generalitat había pagado unos 225.000 euros. "La financiación está condicionada a la prestación real del servicio debidamente justificado y en espacios autorizados", señalan, y subrayan que no ha iniciado el procedimiento para extinguir el acuerdo "en interés superior de las personas atendidas".
La Generalitat también asegura haber puesto a disposición del Kolectivo distintas líneas de ayudas vinculadas a la Dana, que no fueron solicitadas. Mientras continúan las conversaciones, el Kolectivo mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si no se desbloquea el pago.
