La publicación de la Orden de Cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2026, que entró en vigor el 1 de abril con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha provocado una situación compleja para miles de profesionales y empresas. Estos se han visto obligados a revisar y rehacer nóminas ya elaboradas, comunicadas y liquidadas, según ha denunciado el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia (Cograsova).

El retraso en la publicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) arrastra inevitablemente el de la Orden de Cotización. Cuando ambas normativas llegan tarde y con carácter retroactivo, el impacto en cadena es inmediato. Las empresas y autónomos se ven obligados a revisar nóminas ya cerradas y a tramitar liquidaciones complementarias de cuotas. Los graduados sociales asumen una carga administrativa extraordinaria, los funcionarios de la Seguridad Social deben adaptarse a cambios normativos tardíos y los proveedores de software de nóminas no pueden actualizar sus sistemas con la antelación necesaria.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha anunciado que realizará de oficio rectificaciones de cotización para los meses de enero y febrero. Cograsova reclama que esta actuación se extienda también al mes de marzo para mitigar los perjuicios ocasionados a empresas, trabajadores y profesionales.

El Decano exige dos soluciones a las administraciones competentes y a los agentes sociales. En primer lugar, que en el mes de diciembre de cada año se publiquen tanto la normativa reguladora del SMI como la Orden de Cotización para el ejercicio siguiente. En caso de que la situación política impida este compromiso, se pide eliminar el carácter retroactivo de estas disposiciones, de manera que su entrada en vigor se produzca el 1 del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).