La factura que dejan los concursos públicos que se declaran desiertos no deja de crecer. Actualmente, 709 millones de euros permanecen sin ejecutar en las arcas públicas valencianas debido a la falta de ofertas. Esta cifra se deriva de 978 licitaciones de obra pública que se encuentran en el limbo ante la ausencia de empresas interesadas en los procesos de adjudicación.
A nivel nacional, se registraron 9.819 concursos públicos desiertos, lo que supone la paralización de 4.011 millones de euros provenientes de las arcas públicas, un 86,1% más que en 2021, según los datos de la firma tecnológica Intescia–Doubletrade. La Comunitat Valenciana es la segunda región autónoma con una mayor cuantía económica paralizada en concursos públicos que se han quedado desiertos.
“"La Administración se enfrenta a una situación sin precedentes debido al elevado volumen de partidas que se quedan paralizadas."
La licitación desierta de mayor importe en la Comunitat Valenciana fue la construcción de viviendas de protección pública con destino a alquiler en cuatro parcelas de propiedad municipal en el Ayuntamiento de Valencia, para la que se le había asignado más de 413,5 millones de euros. Estos 709 millones correspondientes a 978 licitaciones desiertas no solo representan obras que no se hacen, sino un recurso presupuestario que queda inmovilizado, dificultando su reasignación a otras necesidades urgentes de la Generalitat.
Observando las diferentes provincias, destaca Valencia como la que más dinero acaba en licitaciones desiertas, con 543,8 millones de euros en 470 concursos. Le sigue Alicante, donde quedan “congelados” 142,8 millones de euros en 366 licitaciones desiertas; y Castellón, donde la cifra alcanzó los 22,5 millones de euros en 142 proyectos inacabados.
La incertidumbre política, el encarecimiento de las materias primas y el aumento de los costes laborales han provocado que los presupuestos base de licitación no siempre incorporen el impacto de la inflación, reduciendo el interés de las empresas en concurrir. Además, la rigidez de los pliegos y la complejidad administrativa incrementan los costes indirectos de participación y desincentivan especialmente a pymes y proveedores locales.
“"Muchas de las licitaciones públicas que se han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, por lo que la demora puede provocar la pérdida de esta subvención."
