Durante la manifestación del Día del Trabajo, la vicepresidenta ha afirmado que «España la hace la gente trabajadora» y ha asegurado que no se dará «un paso atrás» en la mejora de las condiciones laborales. Ha destacado que el país lo construyen los trabajadores, en contraposición a aquellos que «se están llenando las manos de beneficios y que se niegan a repartir».
“"Málaga conoce bien lo que es la explotación."
La ministra ha puesto el foco en Málaga, a la que ha definido como «capital del turismo» y un lugar que «conoce bien lo que es la explotación» y las condiciones laborales que aún pueden mejorar. Ha insistido en la necesidad de «más derechos laborales, todavía muchos más» para España.
Entre las propuestas, ha defendido la reducción de la jornada laboral y el refuerzo del registro horario. Ha denunciado que en España se realizan «dos millones y medio de horas extraordinarias que no se pagan», una situación que considera irregular y contraria a la ley. Ha subrayado que el registro de la jornada es «la llave, la garantía para que la gente trabajadora pueda trabajar menos y, sobre todo, para que podamos subir los salarios».
Además, ha recordado la subida del salario mínimo interprofesional, que ha cifrado en un 66%, y ha instado a la patronal a «repartir los beneficios y subir los salarios» en la negociación colectiva. Ha señalado que España mantiene un «diferencial negativo del 25% en materia salarial con Europa» y ha resumido su objetivo: «Queremos mejores y más salarios».
La ministra también se ha referido al estatuto del becario, en tramitación en el Congreso, y ha asegurado que el Gobierno trabajará para sacarlo adelante, denunciando la precariedad que afecta a los «falsos y falsas becarias». Asimismo, ha apelado a la oposición ante la futura ley de prevención de riesgos laborales, en un país donde, ha lamentado, «fallecen dos trabajadores al día» en sus puestos de trabajo.
La vivienda ha sido otro punto central de su intervención. Ha advertido que en Málaga capital el metro cuadrado de la vivienda alcanza los 3.720 euros, una «cifra récord», y ha criticado a los fondos buitre. Ha anunciado que el Gobierno volverá a llevar al Congreso el decreto de alquileres que fue rechazado, defendiendo que permitió a «miles y miles de personas trabajadoras humildes» revalorizar sus contratos de alquiler con un límite del 2%.
