El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de la provincia de Valencia ha alertado sobre las complicaciones que surgen de la nueva tasa de residuos. Esta medida, derivada de la Ley 7/2022, establece el principio de
“"quien contamina, paga"
y obliga a las entidades locales a aprobar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos antes de abril de 2025. Un año después de su inicio, la aplicación de esta medida no ha alcanzado los objetivos previstos.
Según Cosital, la ciudadanía muestra reticencias ante este nuevo gravamen, mientras que los ayuntamientos se enfrentan a importantes dificultades técnicas para calcular el coste real del servicio sin generar déficit. Todo ello se produce en un contexto de confrontación sobre su implementación.
“"La financiación de la gestión de residuos se ha convertido en un auténtico laberinto jurídico para los municipios."
El papel de los habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros de la administración local) es clave para garantizar la legalidad y viabilidad financiera de las ordenanzas fiscales. Estos profesionales son el pilar que permite que una ordenanza fiscal sea una herramienta efectiva y ajustada a la ley.
Además, desde Cosital subrayan la dificultad de equilibrar los costes del servicio con la realidad social, buscando fórmulas que permitan que la tasa sea justa y cumpla con el mandato legal. La situación actual evidencia un incremento de los conflictos judiciales, con diversas resoluciones que han declarado la nulidad de ordenanzas municipales por deficiencias en los informes técnico-económicos o por no incorporar sistemas que incentiven la reducción de residuos, como el pago por generación. Estas decisiones han obligado en algunos casos a paralizar la recaudación o a devolver importes ya cobrados.
La normativa, de carácter ambicioso, plantea un reto comunicativo para las administraciones locales. Cosital insiste en la necesidad de trasladar mejor la información a la ciudadanía, explicando que detrás de cada recibo hay un esfuerzo técnico para adaptar el municipio a las exigencias climáticas y normativas actuales. El origen de esta obligación es europeo, y su incumplimiento podría derivar en sanciones económicas para el Estado español, marcando un cambio de modelo en la financiación de los servicios municipales. Estamos ante el fin de la basura 'gratis' y ante un sistema que exige mayor transparencia y comprensión por parte de la ciudadanía.
