La regulación de las viviendas de alquiler para estancias cortas en Valencia está generando una tensión creciente entre el desarrollo turístico, el acceso a la vivienda y la convivencia vecinal. Un abogado implicado en varios procesos judiciales contra estas normativas municipales ha defendido la posición del sector ante lo que considera regulaciones excesivamente restrictivas y jurídicamente cuestionables.

Este experto señala que las regulaciones municipales no respetan los principios de proporcionalidad y necesidad, lo que ha llevado a la pérdida de recursos judiciales contra normativas en zonas como Ciutat Vella, El Cabanyal y la moratoria de licencias. La nueva normativa, calificada por el Ayuntamiento como la más restrictiva de España, parte de la premisa de establecer restricciones para imposibilitar la actividad, en lugar de regularla para hacerla viable.

El sector examinará la norma una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia para determinar si es susceptible de recurso. Uno de los problemas detectados es que el diagnóstico municipal sobre viviendas turísticas incluye viviendas irregulares, sobreestimando el número real de viviendas legales. Además, se critica que el Ayuntamiento intente resolver problemas de indisciplina urbanística a través del planeamiento, en lugar de inspeccionar y ordenar los ceses.

En cuanto al impacto en el precio del alquiler, el experto rechaza que las viviendas turísticas sean la causa principal, argumentando que la falta de oferta es el problema de fondo. También destaca que el sector se siente "demonizado" y que no se ha buscado el diálogo con ellos durante la tramitación de la normativa. Para resolver las tensiones con los vecinos, se propone utilizar mecanismos como el Consejo Municipal de Turismo y el Observatorio de Turismo y Ocio, que actualmente no se convocan.