Esta advertencia se recoge en el informe de control interno correspondiente al ejercicio 2025, el cual se presentará en la comisión de Hacienda. Entre las cuestiones más destacadas, el documento señala la realización de gastos que prescinden totalmente del procedimiento establecido, a menudo vinculados a la continuidad de servicios con contratos ya vencidos.
Además, el informe critica el uso “reiterado” de figuras como el contrato menor para cubrir necesidades que son “previsibles y recurrentes”. Para solucionarlo, se recomienda mejorar la planificación de las necesidades de contratación y la descripción del objeto de estos contratos, para evitar posibles fraccionamientos.
El órgano interventor también pone el acento en la calidad de la tramitación administrativa. Muchos expedientes no pueden ser fiscalizados en primera instancia por falta de documentación necesaria, lo que provoca su devolución y retrasa su aprobación.
“"La Intervención señala que las limitaciones al alcance de carácter general derivan fundamentalmente de los medios disponibles y apunta a la insuficiencia en la dotación de técnicos especializados y varias vacantes como uno de los factores que condicionan su labor."
Más allá de los gastos, el informe detalla deficiencias en la gestión de ingresos, como incidencias en el control de los cánones que deben abonar las empresas concesionarias de aparcamientos públicos. Se mencionan incumplimientos reiterados en el pago de cánones por parte de concesionarios de aparcamientos como los de la Av. Primado Reig-Av. de Cataluña, Av. Tres Cruces, C/ Héroe Romeu y C/ Pelayo-Ermita y Vives Liern, que suman más de dos millones de euros.
En el ámbito del control permanente, se identifican carencias en la gestión de subvenciones, especialmente en la justificación y definición de objetivos, así como en el seguimiento de los fondos europeos. Aquí, se detectan “carencias puntuales en la tramitación de algunos expedientes” que podrían dificultar su justificación y poner en riesgo la percepción definitiva de las ayudas.
A pesar de estas incidencias, el documento no describe un escenario de irregularidades generalizadas, sino un conjunto de deficiencias recurrentes que requieren mejoras estructurales. Para ello, se subraya la necesidad de adoptar medidas para subsanar las debilidades, que deberán concretarse en un plan de acción.
Finalmente, el informe reitera una advertencia habitual sobre las limitaciones del propio sistema de control, atribuida principalmente a la falta de medios y la insuficiencia de técnicos especializados. Estas carencias impiden un desarrollo plenamente eficaz del modelo de control establecido en el Ayuntamiento de València, limitando el alcance de las actuaciones de fiscalización y auditoría. Un incremento de personal permitiría una mayor profundización en el control.
