El president Pérez Llorca detalló la cifra el miércoles en respuesta a una pregunta de Vox, mostrando su preocupación por la situación. Lamentó que el nuevo sistema de acogida del Gobierno central prevé la llegada de 1.900 menores más, cuando el sistema valenciano tiene una capacidad total para 1.800 menores, incluyendo a los que ya están aquí.
“"El reparto de menores atiende a intereses políticos, el Gobierno mercadea con ellos, no llegan al País Vasco ni a Cataluña, pero sí a nosotros, más de los que podemos asumir. Es lo más racista que he visto en política."
Además, Pérez Llorca calificó de “irresponsable” el nuevo decreto que permite la regularización, argumentando que pone en riesgo el sistema sanitario y que se ha planteado en contra de la mayoría del Congreso, del Senado, de las comunidades, de los países del entorno y del criterio del Consejo de Estado.
“"Si se quiere proteger a los migrantes, especialmente a los menores, ¿por qué no nos dan dinero o infraestructuras? Es todo una manipulación para castigar a la Comunitat Valenciana. Las políticas de migración se han de hacer en los países de origen. Hacinarlos, porque no caben más, es ponerlos en riesgo, y eso es racismo."
El president insistió en que la decisión del Gobierno central no responde a una demanda social, sino a un tema electoral. Recordó que el ejecutivo valenciano recurrirá este proceso de regularización, tal como adelantó en un comunicado la noche anterior.
