Tras la finalización de los procesos de estabilización en la Generalitat Valenciana, un número significativo de interinos han conseguido consolidar su plaza. Fruto del abuso de la temporalidad por parte de la administración, algunos empleados públicos que ocupaban puestos ahora adjudicados han obtenido el derecho a recibir una compensación económica según la conocida como Ley Iceta. En total, se han aprobado indemnizaciones por valor superior a los 300.000 euros.
La Conselleria de Hacienda y Administración Pública, dirigida por José Antonio Rovira, no especifica el número exacto de interinos cesados. No obstante, señala que se han dictado 22 resoluciones estimatorias del derecho a compensación. La Conselleria de Educación concentra la mayoría con 13 resoluciones, seguida por Agricultura (cuatro), Hacienda y Justicia (dos cada una), y Medio Ambiente y Empleo (una cada una). Las consellerías de Sanidad y Servicios Sociales no figuran en este listado.
El conseller Rovira ha indicado que la cifra de más de 300.000 euros son datos estimados y pendientes del visto bueno de Intervención. El cálculo total aún no se puede determinar definitivamente, ya que las resoluciones aceptadas establecen los conceptos a tener en cuenta, pero no el importe final, que debe ser determinado a posteriori por cada conselleria.
No todos los interinos tienen derecho a indemnización. La Generalitat exige que el interino se haya presentado a alguna de las convocatorias de estabilización en el mismo cuerpo o escala, que no haya conseguido plaza y que su plaza haya sido adjudicada a otra persona. Además, se debe probar un abuso de temporalidad por parte de la administración (más de tres años de interinidad), teniendo en cuenta solo los años desde el último nombramiento.
El pago no es automático. El cese y no consolidación de la plaza no otorga derecho por sí mismo a la compensación. Esta se reconoce cuando el cese se produce y la persona interesada presenta su solicitud, y se comprueban los requisitos. La indemnización fijada por ley asciende a 20 días por año trabajado con un tope de doce mensualidades, calculada sobre retribuciones fijas brutas, excluyendo conceptos variables como la productividad o las horas extra.
Actualmente, hay una decena de contenciosos en marcha por interinos, de los cuales dos se han resuelto a favor de la Conselleria. Una sentencia del Tribunal Supremo, posterior a la del Tribunal de Justicia de la UE, podría incrementar las indemnizaciones futuras al eliminar el tope de 20 días por año y permitir el examen caso por caso.
