El Ministerio Público ha considerado que estas actuaciones, dirigidas a indagar el papel del expresident en la gestión de una emergencia, son ajustadas a derecho. Esta postura llega después de que la jueza pidiera a la Fiscalía que aclarara su posición sobre si las diligencias debían mantenerse o revocarse, tal como reclama la defensa del expresident.

En su informe, la Fiscalía recuerda que ya apoyó anteriormente la personación del expresident como 'preinvestigado', argumentando que existían diligencias pendientes que podían implicar su participación en la gestión de la emergencia. Ahora, da un paso más y concluye que, al no haber recurrido ninguna de las resoluciones que acordaron practicar estas diligencias, se entiende que las consideró "ajustadas a derecho".

El fundamento de estas actuaciones fue fijado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que en octubre de 2025 dio luz verde a la citación de una periodista como testigo, abriendo la puerta a investigar el entorno inmediato del extitular del Consell. La sala estableció entonces que las diligencias "no podrán ir dirigidas directamente a investigar la conducta del President, pero no deberán dejar de practicarse por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado".

Cabe recordar que el TSJCV desestimó en marzo de 2026 las posibles responsabilidades penales del expresident por comisión por omisión, lo que dejó la investigación en manos de la jueza. La defensa del expresident recurrió ante la Audiencia, alegando una situación de "seria indefensión" por no haber podido intervenir en diligencias como la petición a Meta para recuperar mensajes o la citación de una exportavoz del Consell.

La Audiencia Provincial deberá examinar ahora todos los argumentos antes de resolver si el expresident puede o no personarse en la causa con ese estatus. Con el respaldo explícito de la Fiscalía al mantenimiento de las diligencias, el debate jurídico se complica para la defensa del expresident.