Las actuaciones, adelantadas por The Objective y confirmadas por Europa Press, buscan determinar si los hechos descritos podrían constituir un delito de prevaricación. La denuncia se centra en procesos de contratación pública relacionados con la extinción del Consorcio Valencia 2007.
La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, es quien firma la denuncia, la cual pone el foco en la alcaldesa María José Catalá, quien también preside el Consorcio Valencia 2007, y en Mar Chao. Además, se señalan a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, junto con cuatro empleados públicos, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción detalla que los hechos se enmarcan en el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, una entidad en la que participan el Ayuntamiento de Valencia, la Autoridad Portuaria y el gobierno español.
La denuncia de Compromís sostiene que diversas entidades públicas, como la Autoridad Portuaria de Valencia, la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Visit Valencia, habrían impulsado de manera "paralela y concertada" procesos selectivos de personal que podrían no ajustarse a la legalidad vigente.
