Las diligencias, confirmadas por Europa Press y adelantadas por The Objective, también incluyen a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, junto con cuatro trabajadores públicos. Un decreto de la Fiscalía del 11 de marzo ya ha designado un fiscal instructor para el caso.

La investigación se origina a partir de una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís de València. Esta denuncia se centra en la creación de puestos de trabajo en diversas entidades municipales para personal proveniente del Consorcio Valencia 2007, una entidad ya liquidada que gestionaba La Marina y estaba formada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Según la información recogida por The Objective, durante la primavera de 2024, mientras el Consorcio estaba en proceso de liquidación, se pusieron en marcha diversos procesos selectivos en el consistorio, en fundaciones municipales y en el Puerto. Estos procesos habrían servido para la supuesta recolocación de determinadas personas.

La denuncia de Compromís también incluía un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que cuestionaba los procesos selectivos realizados en el Puerto de València.