Este desajuste financiero, que afecta tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos, se origina en la falta de actualización de las estimaciones de recaudación de impuestos como el IRPF o el IVA. Las entregas a cuenta son los anticipos mensuales que el Ministerio de Hacienda debe transferir, y su actualización depende de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La ausencia de PGE desde 2023 y la debilidad parlamentaria mantienen un desfase entre la cantidad que correspondería a las administraciones y la que realmente reciben. Esta situación es especialmente crítica para regiones como la Comunitat Valenciana, que ya ha reclamado su actualización.

La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha vuelto a solicitar una reunión con el ministro de Hacienda para abordar esta cuestión. La no inclusión de la actualización de las entregas a cuenta en el nuevo real decreto-ley aprobado recientemente, que sí incluía otras medidas, ha generado preocupación.

Al no haber nuevos presupuestos, el sistema se rige por la prórroga presupuestaria de 2023. Esto significa que la cantidad mensual transferida es la misma que hace tres años, a pesar del escenario de inflación y crecimiento económico actual. Este problema no es nuevo y ya se ha arrastrado en ejercicios anteriores, con actualizaciones y abonos de retrasos en meses posteriores.

Al decaer los decretos que permitían el pago actualizado, Hacienda ha vuelto a la casilla de salida. Sin una nueva norma con rango de ley, el Ministerio está obligado a transferir las cantidades prorrogadas del presupuesto de 2023. Para el Ayuntamiento de València, esto supone recibir 10,8 millones de euros menos al mes, mientras que para la Generalitat Valenciana la merma asciende a 163,5 millones de euros mensuales.