La huelga, que arranca este lunes, 11 de mayo, ha sido convocada por STEPV, CCOO, UGT y CSIF, y cuenta con el apoyo de ANPE. Las acciones previstas para la primera semana incluyen concentraciones de piquetes informativos en los centros educativos a primera hora de la mañana, seguidas de manifestaciones a mediodía en Elx, Alicante, València y Castelló.
El martes se realizará una pegada de carteles reivindicativos por la mañana y encierros en los centros por la tarde. El miércoles, 13 de mayo, habrá concentraciones a las 12:00 horas a las puertas del Palau de la Generalitat y las delegaciones del gobierno autonómico, como la Casa de las Brujas en Alicante y la Casa de los Caracoles en Castelló.
Las concentraciones del jueves se trasladarán a la Conselleria de Educación y a las Direcciones Territoriales provinciales a las 12:00 horas. Para cerrar la semana, el viernes, 15 de mayo, se ha programado una "gran manifestación unitaria" en València, que saldrá de la Plaza de San Agustín a las 12:00 horas.
Esta huelga indefinida llega tras semanas de desencuentros entre la administración y los sindicatos docentes, quienes acusan a la Conselleria de Educación de "burlarse" del colectivo y de negarse a entablar una "negociación real" sobre sus reivindicaciones. Estas peticiones incluyen una mejora de sus retribuciones, ya que los profesionales valencianos se encuentran a la cola en España y la parte autonómica de su salario no se actualiza desde 2010. Además, reclaman actuaciones en infraestructuras, bajada de ratios y protección de la lengua valenciana.
“"Hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable. Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical."
La Mesa Sectorial de Educación, celebrada el pasado jueves, no logró un acuerdo para evitar la huelga, ya que los representantes docentes rechazaron la propuesta económica de la Conselleria, que consistía en una subida progresiva de 75 euros brutos al mes hasta 2029. Los sindicatos calificaron la propuesta de "indigna e irrisoria".
Los servicios mínimos fijados por la Generalitat incluyen la consideración de servicios mínimos para las "actuaciones imprescindibles para la evaluación final" de los alumnos de 2º de Bachillerato. Esta exigencia ha generado críticas entre las organizaciones sindicales, que han calificado los servicios mínimos de "abusivos" y los han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La Confederació de AMPA de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' ha manifestado su "apoyo" a las movilizaciones, mientras que la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana (Covapa) no comparte la convocatoria de huelga indefinida, advirtiendo del "impacto" que puede tener sobre el alumnado.
