La sentencia judicial, hecha pública el 15 de abril, señala directamente al consistorio por no haber actuado ante las quejas vecinales por el ruido excesivo. La justicia apela a la Constitución Española para subrayar la magnitud de la molestia y critica la falta de mediciones acústicas desde los domicilios de los afectados.

Esta situación se ha enquistado, ya que el Ayuntamiento busca promocionar un sector económico dinámico, pero no dispone de un recinto adecuado para grandes eventos. Las molestias a los vecinos, que debían ser temporales, se han convertido en un problema crónico, tal como advertían las promotoras musicales en el pasado por la falta de espacios.

Las promotoras, que calculan que hay 80.000 abonos en juego, continúan la venta de entradas, argumentando que la sentencia ofrece margen para la celebración de los festivales, aunque no explican cómo. Sin embargo, el nerviosismo en el sector es palpable, y han solicitado una reunión urgente con las administraciones para buscar soluciones.

Inicialmente, el Ayuntamiento de València alegó "problemas de agenda" y posteriormente respondió que acataría la sentencia, que obliga a un control efectivo de los excesos de ruido. La Generalitat, por su parte, a través del portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha anunciado "requisitos indispensables" para los eventos en Cacsa, sin ofrecer alternativas claras.

La sensación entre las fuentes del sector es de desamparo. Las alternativas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como el Recinto Ferial de Mislata o el festivalódromo de Cullera, requieren una gestión compleja que no depende únicamente de las promotoras.