Las entidades sociales de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) de València, junto con más de treinta organizaciones y colectivos, han manifestado su decepción ante la "falta de voluntad política" demostrada por el consistorio para un desarrollo adecuado del proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes. A su juicio, la actuación municipal ha sido "insuficiente y tardía".
Han denunciado que solamente se han expedido "734 informes de vulnerabilidad, de los 7.637 solicitados", mientras que las entidades calculan haber emitido cerca de 20.000. Además, reprochan una "prácticamente nula atención y orientación en el proceso", a pesar de que el Ayuntamiento conocía con antelación la puesta en marcha del procedimiento y las necesidades concretas planteadas meses antes.
Como consecuencia, gran parte de la atención, orientación y acompañamiento ha recaído sobre las organizaciones sociales, que han tenido que ampliar horarios y movilizar voluntariado. Han asegurado no haber encontrado "colaboración, ni siquiera interlocución, por parte del Ayuntamiento".
La reunión de coordinación, acordada para marzo, no se convocó hasta junio, "cuando apenas quedaba margen de actuación". También han criticado que los anuncios de "reforzar los Servicios Sociales" para apoyar el proceso no se han materializado, y que la modificación presupuestaria de 2,6 millones de euros no tendrá repercusión antes de que finalice el proceso.
Las entidades estiman haber emitido "cerca de 20.000" certificados de vulnerabilidad, frente a los 7.637 solicitados y 783 emitidos por el consistorio a fecha de junio. Este retraso ha obligado a muchas personas a recurrir a otras entidades, generando duplicidad y dificultando el acceso al procedimiento.
Además, señalan una "problemática histórica" respecto al empadronamiento en "casos especiales", con solicitudes sin respuesta durante más de un año, lo que ha dejado fuera a muchas personas que no han podido acreditar el requisito de permanencia.
La oposición, a través de la edil de Compromís, Lucía Beamud, ha calificado el comunicado de las entidades como "una enmienda a la totalidad" de la gestión del gobierno municipal, PP y Vox, acusándolos de dedicarse "a los anuncios y las fotos" mientras las organizaciones asumían el trabajo.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social e Inmigración, Marta Torrado, ha defendido la gestión municipal, afirmando que se han abierto 7.500 expedientes y tramitado "todos", con 7.105 informes emitidos. Ha calificado las acusaciones de "infundadas" y "una falta de respeto" hacia el trabajo de los funcionarios, argumentando que el proceso ha sido "caótico" por la falta de colaboración del Gobierno central.
