La liquidación de la fundación de Empleo de València, ordenada por Vox el pasado verano, ha supuesto un coste provisional de más de 100.000 euros en solo siete meses. El letrado Luis Ignacio Sierra Mallol, nombrado liquidador, ha gestionado los trámites necesarios para la extinción del ente.
Sierra Mallol, que ya prestaba servicios jurídicos a la fundación desde 2019, continuó su labor cuando Vox asumió las competencias de Empleo. Su nombramiento fue aprobado por el Patronato municipal, presidido por el edil de Empleo, José Gosálbez, con la facultad de ejecutar todos los trámites necesarios para la liquidación.
La decisión de cerrar la fundación se produjo meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzara a investigar contratos realizados durante la etapa de Juan Manuel Badenas, exportavoz de Vox y exconcejal de Empleo. La Intervención General Municipal de València también ha detectado irregularidades en la fundación, cuestionando contratos menores y retribuciones.
El liquidador ha presentado facturas por un importe superior a los 100.000 euros correspondientes al periodo de octubre a abril. Según fuentes del Ayuntamiento, sus retribuciones se han equiparado a las del gerente del ente, aplicando la ley de sociedad de capital. Además de sus honorarios, se han presentado otros gastos como cierre de cuentas y gestiones notariales, pendientes de comprobación por parte del Ayuntamiento.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana oficializó la extinción de la fundación el 8 de abril, pero ha sido en la reunión del Patronato de este jueves cuando se ha dado cuenta formalmente de su cese definitivo.
