Esta decisión, dictada en un auto el 8 de abril, responde a una petición de la Asociación Acció Cultural del País Valencià, que busca verificar posibles desajustes temporales entre la información difundida y la activación de las alertas. La magistrada ha limitado la petición a las horas de difusión, descartando solicitar metadatos o información sobre el proceso de elaboración de las noticias para proteger el secreto profesional periodístico y la libertad de información.

Paralelamente, en otro auto del mismo día, la jueza ha desestimado el recurso de la defensa de la ex-consellera Salomé Pradas. La defensa se oponía a una pericial caligráfica sobre un documento manuscrito, argumentando que la autoría ya había sido reconocida. Sin embargo, la magistrada ha rechazado el argumento, señalando que no existe un reconocimiento formal en sede judicial y que la ley exige todas las diligencias necesarias para verificar los hechos.

El documento manuscrito es crucial para la investigación, ya que está vinculado a la gestión de los avisos a la población. La instrucción indica que el sistema de alertas masivas estaba disponible horas antes del mensaje enviado a las 20:11 y que existían propuestas de texto más contundentes. Esta propuesta manuscrita recomendaba explícitamente acceder a zonas elevadas de manera inmediata, un contenido más firme que el mensaje finalmente difundido, reforzando la hipótesis de información y opciones de actuación previas no activadas a tiempo.

La magistrada ha destacado que la investigación ha revelado una falta de avisos en momentos críticos y una demora en la toma de decisiones, a pesar de la gravedad de la situación en diversos municipios afectados. En este contexto, la determinación de la autoría de documentos internos y la reconstrucción precisa de la cronología de los hechos son elementos clave para establecer responsabilidades.