Esta promesa llega después de que una reforma anterior del Reglamento de Costas en 2022 fuera anulada en 2024 por el Tribunal Supremo por un defecto de forma, al omitirse el trámite preceptivo de consulta pública. El ejecutivo ha recalcado que el objetivo principal de la reforma es adaptar la normativa a las exigencias de la Comisión Europea en materia de transparencia y concurrencia competitiva.
“"El Gobierno considera que estas medidas garantizan la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario."
Asimismo, se ha señalado que la modificación del Reglamento General de Costas no contempla una reducción de los plazos de concesión vigentes en el dominio público marítimo-terrestre. Al contrario, prevé ampliar a 75 años el periodo para cultivos marinos, desde los 50 años aprobados en la legislación de 2014.
El proceso de tramitación ha incluido una consulta previa desde el 4 hasta el 19 de febrero de este año, y una audiencia e información pública desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026. El dictamen del Consejo de Estado se solicitará en un momento posterior de la tramitación, de acuerdo con la normativa establecida.
Paralelamente, varias Comunidades Autónomas del litoral español celebraron en marzo la II Cumbre Nacional del Litoral en Valencia. En este encuentro, hicieron frente común para reclamar al Gobierno una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada región, superando la actual "política de deslindes".
Las autonomías pactaron un manifiesto que exige una nueva ley de costas, rechaza los reglamentos impulsados por el Gobierno y pide una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, crearán un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva norma "con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular".
