La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que la Generalitat no puede ignorar la situación del mercado inmobiliario, que afecta significativamente los ingresos de las familias valencianas. Esta declaración llega después de que varios ayuntamientos valencianos hayan iniciado peticiones para frenar el aumento de los precios del alquiler.

Esta afirmación de la ministra se produjo después de que el Ayuntamiento de Alaquàs solicitara la declaración de zona tensionada, sumándose a otros municipios del área metropolitana de València como Burjassot o La Pobla de Farnals. Estas localidades han experimentado un notable incremento de los precios del alquiler en los últimos cinco años, absorbiendo parte de la presión de la capital. Sin embargo, el Gobierno valenciano se ha mostrado reacio a la limitación de precios, priorizando la construcción de obra nueva como solución.

En este contexto, la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), anunció recientemente la propuesta de adjudicación para la construcción de 29 viviendas de protección pública en el antiguo Cuartel de Ingenieros de València. El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, criticó al Gobierno central, acusándolo de romper unilateralmente el convenio para edificar más de 400 viviendas en estos terrenos.

Por su parte, el Ministerio, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), finalizó la urbanización de sus parcelas en los antiguos cuarteles el pasado verano. Las viviendas del ministerio se destinarán a alquiler asequible, gestionadas por la empresa pública Casa47, con contratos de 75 años y un límite del 30% de los ingresos para el pago del alquiler.

A la presión se ha sumado el concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, quien ha solicitado una reunión con la responsable de Casa47 para reactivar proyectos en la capital, especialmente en el viejo Parque de Artillería, en la calle San Vicente, donde el Gobierno había anunciado la construcción de 600 viviendas.